Zacate Grande, en Amapala Valle al sur de Honduras es una península de 5.876 hectáreas. Datos de 2003 informan que en el lugar hay 10 aldeas con 3931 habitantes.- Aquí se ha verificado un caso donde se ponen en discusión los DERECHOS HUMANOS referidos a propiedad, vivienda, trabajo, alimentación. Se reportan hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos, de proporción colectiva.

En el marco jurídico de Honduras la tierra tiene reconocida una función social e interés público.

La Constitución Política establece; El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su mas amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o interés público establezca la ley.

En la Ley de Propiedad (LP) del 2003, se confirma esa función e interés, y en base a esta ley se puede afirmar que la mayoría de la población de Zacate tiene la legitimidad para cumplir dicha función, dado que los terratenientes no lo hicieron históricamente y han prescrito sus derechos (prescripción extintiva del dominio), porque la propiedad individual es un valor no absoluto.

El Consultorio jurídico [popular de Tegucigalpa] en 2003 hizo un estudio sobre la propiedad en Zacate Grande, recomendando al Estado la expropiación y pago a los terratenientes, para entregar la tierra a los pobladores.- En el mismo año el Estado de Honduras emite la LP superando entonces la propuesta del documento del Consultorio que proponía la expropiación con base a la ley de expropiación forzada de 1914.

La LP resulta más avanzada que otra ley de Honduras también referida a la propiedad y la tierra (Código Civil 1906), porque prevé que los interesados pueden pedir directamente el reconocimiento de la propiedad de la tierra donde viven. Es el caso de Zacate Grande, donde la mayoría de las familias ha trabajado pacíficamente y sin interrupción por más de 20 años.- Los pobladores se han organizado para pedir al Estado reconozca concretamente este derecho.

Una empresa del terrateniente y empresario Miguel Facussé (de ascendencia árabe) ha acusado a la población por usurpación de tierra y daños al ambiente; el procedimiento todavía está en curso.

Tambien la poblacion de Puerto Grande, una de las 10 aldeas de la peninsula, ha presentado denuncias al Ministerio Publico con motivo de las provocaciones hechas por personas que trabajan para Facussè.

En el curso de la acusación contra los campesinos, la Corte de Choluteca ha solicitado a la defensa (abogados de los campesinos) presentar títulos de propiedad, en contraste con la LP del 2003.

Contra esta solicitud ha sido presentado un recurso de Amparo a la Corte Suprema de Justicia, que ha pedido la documentación sobre el caso a Choluteca. El pronostico es incierto.

Unos Alcaldes auxiliares de Zacate Grande están disponibles a dar testimonio que la gente vive allì desde mas de 20 años, lo mismo pueden hacer los maestros.

Una rendija viene del hecho que los abogados del Consultorio jurídico que participaron en el estudio del Consultorio Juridico en 2003, es parte de la Corte Suprema.

Ambos abogados actualmente son estrechos colaboradores del Presidente de la Republica Manuel Zelaya; Enrique Flores Lanza es Ministro de la presidencia y Milton Jiménez Puerto que es consejero de la presidencia.- Milton uno de los desaparecidos temporales de la época de aplicación de Doctrina de Seguridad del Estado en la década de los ochentas, ha sido testigo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.

Regularización de la propiedad.- Se ha presentado en el Instituto de la Propiedad una solicitud para la legalización de la tierra a favor de los pobladores de la comunidad Pintadillera y se espera hacerlo con otras más (actualmente documentándose), pues en estos casos es irrefutable la posesión pacífica e ininterrumpida de la tierra ejercitada por la comunidad, cumpliendo su función social.

En otras comunidades las solicitudes se encuentran en una posición más débil porque los campesinos siembran también en terrenos no cercanos a la casa de habitación; en estos casos los terratenientes presentan acusaciones.

El Instituto estatal de Propiedad (IP) depende del Gobierno y es dirigido por una Comision formada por miembros del gobierno, de los sectores sociales y de las empresas privadas. La lucha de Zacate Grande es acompañada mas que todo por la Caritas y la Iglesia Católica, y también por las comunidades evangélicas locales, no obstante eso siguen las intimidaciones a los pobladores, y en el caso de los abogados de éstos se desenvuelven en un ambiente o situación de temor generalizado.

El apoyo legal a las comunidades de Zacate Grande considera acudir y agotar procedimientos previstos en las leyes del país y en caso de no tener una respuesta favorable al reconocimiento de los derechos de los pobladores, contempla recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para llevar a feliz termino el reconocimiento de sus derechos humanos por el Estado de Honduras.

Fuente: Abogado de los poblades de Zacate Grande

2 de marzo de 2009